Valladolid, 12 de febrero de 2026 — El Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid, tras las informaciones publicadas que vinculan a la Diputación de Valladolid con el pago de más de 100.000 euros a un exconcejal del Partido Popular, denuncia públicamente lo que considera un nuevo episodio de «corrupción institucionalizada» y «caciquismo mediático» por parte de la derecha provincial.
Según los datos revelados, la sociedad pública Sodeva (actualmente denominada Avanza) destinó durante cinco años dinero de las arcas públicas a David Blanco, exconcejal del PP en Arroyo de la Encomienda, por servicios de publicidad en una emisora de radio que carece de licencia legal para emitir. Para el PCE, este hecho no es un error administrativo aislado, sino una práctica deliberada para desviar fondos públicos hacia el entorno del Partido Popular.
«Un sistema de favores con el dinero de la clase trabajadora»
El coordinador del PCE en Valladolid ha manifestado que “es intolerable que mientras la provincia sufre el desmantelamiento de servicios públicos en el entorno rural, la Diputación se dedique a regalar 100.000 euros a sus amigos y exediles. Estamos ante una red de ‘chiringuitos’ diseñada para regar con dinero público a medios fantasma que solo sirven de altavoz al PP”.
Desde nuestra organización señalamos que el uso de Sodeva como herramienta para estos pagos no es casualidad. Sodeva es la «zona oscura» de la Diputación, una entidad que ya acumula condenas por prevaricación, como se vio en el caso Meseta Ski. El PCE denuncia que el PP utiliza estas empresas públicas para evitar los controles de fiscalización que rigen en la administración directa, permitiendo adjudicaciones «a dedo» y facturas validadas sin el debido expediente de aprobación de gasto.
Exigencia de responsabilidades y transparencia
Ante la gravedad de estos hechos, el PCE Valladolid exige la comparecencia inmediata del máximo responsable de la Diputación para dar explicaciones públicas sobre la financiación de una emisora que operaba sin licencia legal, al tiempo que demanda la puesta en marcha de una auditoría externa e integral que fiscalice todos los contratos menores y de publicidad institucional realizados por Sodeva/Avanza durante la última década. Consideramos imprescindible el cese fulminante de los responsables que validaron el pago de facturas sin que existiera un expediente de gasto debidamente aprobado, poniendo fin de inmediato a una gestión que parece diseñada para eludir el control administrativo y favorecer intereses partidistas.
“El Partido Popular confunde la Diputación con su sede de la calle Alcalleres. Los 100.000 euros entregados al exconcejal David Blanco salen del esfuerzo y los impuestos de la clase trabajadora de Valladolid. No vamos a permitir que sigan expoliando lo público para mantener su régimen clientelar”, concluye el comunicado.
Basta de opacidad! ¡Basta de usar las instituciones para sus amigos!
-
-
-
-
