EL PCE DE VALLADOLID CONSIDERA QUE LA SENTENCIA DEL SUPREMO DESTAPA EL «CORTIJO» DEL PP Y LA AUSENCIA DE JULIO CARNERO

La organización subraya que el fallo judicial confirma la ilegalidad de un puesto creado «a medida» para situar a personas afines al Partido Popular.

El PCE denuncia que la figura del ‘Alcalde B’ solo servía para suplir la falta de dedicación de Carnero, más centrado en su actividad en Madrid que en los problemas de Valladolid.

Valladolid, 6 de febrero de 2026 — El Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid ha valorado hoy la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la ilegalidad del puesto de Director de Gabinete de Coordinación y Proyectos Estratégicos, conocido popularmente como el ‘Alcalde B’. Para la organización política, este fallo judicial no solo representa un varapalo jurídico para el equipo de gobierno de Julio Carnero, sino que ratifica las denuncias que desde Valladolid Toma la Palabra se han venido realizando desde el inicio de la legislatura.

Desde el PCE de Valladolid se señala que la creación de este puesto fue un intento deliberado de utilizar las instituciones municipales como una agencia de colocación para el Partido Popular. La organización califica de «atropello a la administración pública» que se intentara dotar de funciones ejecutivas a un cargo de confianza, saltándose los procedimientos legales para favorecer a personas del entorno del partido.

La organización comunista vincula la creación de este cargo ilegal con la situación política del propio Julio Carnero. Según el PCE, «la figura del ‘Alcalde B’ respondía a la necesidad de tener a alguien que realizara el trabajo diario en el Ayuntamiento mientras el alcalde titular prioriza su agenda en Madrid y su actividad en el Senado, lo que provoca que muchos días su agenda de actividad pública en Valladolid esté prácticamente vacía».

«El Partido Popular ha intentado subcontratar la alcaldía de Valladolid mediante una estructura ilegal», sostienen desde el PCE. En este sentido, denuncian que la ciudad sufre las consecuencias de tener un alcalde «a tiempo parcial», más preocupado por la política nacional y los despachos madrileños que por la gestión directa de los problemas que afectan a la mayoría social vallisoletana.

Para el PCE de Valladolid, es especialmente grave que se destinen recursos públicos y esfuerzos administrativos en blindar puestos de dudosa legalidad para «amigos del partido», mientras las necesidades de la clase trabajadora en los barrios permanecen en un segundo plano, tal y como se puede ver con los problemas de suciedad, de movilidad, etc. La organización critica que la prioridad del PP sea el mantenimiento de redes clientelares en lugar de reforzar los servicios públicos o abordar la crisis de la vivienda en la ciudad.

Tras la ratificación del Tribunal Supremo, el PCE de Valladolid exige que se asuman responsabilidades políticas de manera inmediata. La formación asegura que seguirá ejerciendo una vigilancia estricta para evitar que el dinero público de los vallisoletanos se utilice para financiar estructuras paralelas que solo buscan el beneficio del Partido Popular y no el de la ciudadanía.