EL PCE VALLADOLID DENUNCIA QUE EL PLAN DE VIVIENDA MUNICIPAL ES UN INSTRUMENTO AL SERVICIO DEL CAPITAL QUE IGNORA A LA CLASE TRABAJADORA
Valladolid, 11 de febrero de 2026 — El Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid ha manifestado su total rechazo al Plan Municipal de Vivienda 2026-2030 del Ayuntamiento, calificándolo como una propuesta insuficiente que profundiza en la lógica mercantilista de la vivienda.
Desde la organización política se señala que el documento no es más que una declaración de intenciones a favor del sector inmobiliario, dejando de lado soluciones estructurales para la mayoría social. David González, secretario provincial del PCE en Valladolid, ha afirmado que “el plan evidencia un límite estructural del capitalismo, el cual pone siempre por encima los beneficios de las grandes empresas y promotoras antes que los intereses y necesidades de la clase trabajadora, convirtiendo un derecho fundamental en un objeto de especulación financiera”.
La formación política critica que el Ayuntamiento de Valladolid pretenda actuar como una suerte de «inmobiliaria pública» que ofrece garantías a los propietarios sin exigir una reducción en los precios del alquiler. Para el PCE, “el hecho de que el consistorio se centre en proporcionar suelo para nueva construcción y en la conversión de locales comerciales en viviendas demuestra una renuncia a intervenir de forma directa en el mercado.”. David González, responsable en Valladolid de la organización, denuncia que “este modelo busca proteger el beneficio del rentista con recursos públicos mientras las familias trabajadoras sufren una asfixia económica creciente”. Según el secretario, “cualquier medida que no pase por el control de precios y la prohibición de compra de vivienda a los fondos de inversión para la especulación, es un parche que no soluciona la emergencia habitacional que vive Valladolid, donde los alquileras han alcanzado máximos históricos tras años de subidas ininterrumpidas.”.
A esta situación municipal se suma, según el PCE, la «pasividad cómplice» de la Junta de Castilla y León. La organización denuncia que el gobierno autonómico carece de una ley de vivienda ambiciosa que dote a las administraciones de herramientas efectivas de intervención. En este sentido, David González ha señalado el agravio comparativo con otras comunidades autónomas, manifestando que es intolerable que en Castilla y León no existan mecanismos por ejemplo para la expropiación de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, una medida que sí permiten las leyes de vivienda de Cataluña o Euskadi para movilizar el parque inmobiliario y garantizar su función social. Para el PCE, esta falta de legislación autonómica deja a los ayuntamientos sin herramientas clave para combatir el hecho de que en Valladolid existan como mínimo 13.000 viviendas vacías, según datos del propio ayuntamiento tras el cobro de la retasa de basuras, mientras los precios no dejan de subir.
Ante este escenario, el PCE exige la declaración inmediata de Valladolid como zona tensionada para limitar los precios de los alquileres y la aplicación del recargo del 150% en el IBI a las viviendas desocupadas para forzar su salida al mercado. Asimismo, defienden un incremento sustancial de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) bajo condiciones de protección pública permanente que impidan su posterior privatización. David González concluye que “la solución no vendrá de la mano de un mercado que busca el máximo beneficio, sino de una política decidida que entienda que la vivienda debe ser un servicio público fuera de las garras de la especulación inmobiliaria y de los grandes fondos buitre.”
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