El PCE Valladolid denuncia que el Gobierno prioriza el armamento de Indra frente al déficit histórico de infraestructuras y servicios en Castilla y León

Valladolid, 12 de marzo de 2026 – El Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid ha manifestado su firme rechazo a los planes estratégicos del Gobierno de España y la Junta de Castilla y León para transformar la comunidad en un centro neurálgico de la industria militar. Ante los recientes anuncios sobre el despliegue de nuevos centros de la multinacional Indra para la fabricación de drones de guerra en las provincias de Valladolid, León y Salamanca, la organización advierte de que se está hipotecando el futuro económico de la región al servicio de la «economía de guerra».

Desde la organización política se denuncia que, mientras la Unión Europea y el Ejecutivo central inyectan miles de millones de euros en el Ministerio de Defensa, la clase trabajadora de Castilla y León asiste al desmantelamiento progresivo de sus servicios públicos esenciales. El PCE señala que esta escalada armamentística no solo nos aleja de una paz duradera, sino que consolida un modelo global de impunidad donde se impone la «ley del más fuerte» y el derecho internacional queda supeditado a los intereses de los grandes fabricantes de armas.

El PCE subraya que el Estado, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), es el principal accionista de Indra. Por tanto, es una decisión política deliberada la que encamina el dinero público hacia la fabricación de tecnología de combate en lugar de hacia la cobertura de las necesidades sociales de la provincia.

David González, Secretario del PCE en Valladolid, ha sido contundente en su valoración de este escenario: «Es una vergüenza que el Estado actúe como motor financiero de la industria de la muerte a través de la SEPI mientras Castilla y León sigue siendo una tierra de segunda en derechos y servicios. El Gobierno prefiere fabricar motores para drones antes que vertebrar nuestro territorio. En pleno 2026, seguimos sin tener autovías que conecten todas nuestras capitales de provincia y carecemos de una estación de tren operativa en capitales como Soria. Es un insulto a la ciudadanía que se priorice la exportación de armas frente al transporte público digno que fije población en nuestra tierra».

La organización comunista pone el foco en la realidad demográfica de la comunidad, que cuenta con el mayor porcentaje de personas mayores de 70 años de todo el Estado. En este contexto, el PCE tacha de «temeridad» la reducción de presupuestos civiles para alimentar partidas bélicas.

«Nuestra sanidad rural se desangra con cientos de plazas de facultativos sin cubrir, mientras se nos intenta vender como un éxito la creación de un hub industrial militar», añade González. «Sufrimos un déficit crónico de residencias públicas para nuestros mayores, pero las administraciones encuentran rápidamente los fondos para declarar como ‘prioritarios’ los planes industriales de Indra. La seguridad de nuestra gente no depende de drones, sino de tener un médico cerca y un sistema de cuidados que no dependa del bolsillo de cada familia».

Desde el PCE, rebaten el discurso oficial sobre la creación de empleo en el sector de defensa. Según la organización, los datos económicos contrastados demuestran que la industria militar es una de las que menor retorno social genera: por cada millón de euros invertido, el sector de las energías renovables, la educación o la salud pública generan significativamente más puestos de trabajo directos e indirectos.

Frente a la «industria de la muerte», desde el PCE de Valladolid se propone:

• La reconversión del sector tecnológico e industrial hacia fines civiles

• La redirección inmediata de los fondos de la SEPI destinados a Indra hacia el refuerzo de los servicios públicos.

• Un plan extraordinario de infraestructuras para Castilla y León que priorice la movilidad a través la conexión de las capitales de provincia por tren y autovía, la sanidad a través de la construcción de centro de salud rurales y hospitales comarcales.

El PCE de Valladolid concluye que la paz no se construye armando a los estados, sino garantizando la justicia social y el bienestar de la clase obrera. «No queremos que Castilla y León sea el taller de las guerras del mañana; exigimos que sea el referente de los servicios públicos de calidad hoy».