El PCE en Castilla y León denuncia la inacción política tras dispararse el precio de la vivienda un 14,4% en el tercer trimestre de 2025, un incremento inasumible para la clase trabajadora.

El PCE en Castilla y León denuncia la inacción política tras dispararse el precio de la vivienda un 14,4% en el tercer trimestre de 2025, un incremento inasumible para la clase trabajadora.

Valladolid, 6 de diciembre de 2025. El Partido Comunista de España (PCE) en Castilla y León ha emitido hoy, Día de la Constitución Española, una nota de prensa ante la publicación de los datos del tercer trimestre de 2025, que confirman una escalada en el precio de la vivienda que la sitúa como el mayor problema al que se enfrenta la clase trabajadora en la Comunidad.


Los datos que ahogan a la clase trabajadora

Según los datos de los que se hacen eco diversos medios de comunicación, el precio de la vivienda en Castilla y León se incrementó un 14,4% en el tercer trimestre de 2025, una cifra que supera con creces la media estatal y que representa un obstáculo insalvable para miles de familias.

Este aumento, que convierte la vivienda en un artículo de lujo, es la prueba más fehaciente de que el mercado de la vivienda ha sido abandonado a la especulación y que los sucesivos gobiernos han abdicado de su responsabilidad de garantizar un derecho fundamental.


Inacción de la Junta de Castilla y León: Cómplices de la especulación

El PCE en Castilla y León critica duramente la inacción y la complicidad de la Junta de Castilla y León ante esta emergencia habitacional. El Gobierno autonómico se niega sistemáticamente a utilizar las herramientas que tiene a su disposición para proteger a los ciudadanos, como la declaración de zonas de mercado residencial tensionado que permite la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda.

El Partido Comunista de España acusa a la Junta de anteponer los intereses de los rentistas y los grandes tenedores a las necesidades de la clase trabajadora, al ignorar una herramienta clave para la regulación de los precios del alquiler y la limitación de subidas.


El Gobierno de España prioriza los tanques sobre los hogares

Esta inacción se suma a una política estatal que demuestra sus prioridades. Mientras la vivienda es el principal problema social y económico, el Gobierno de España ha aprobado presupuestos extraordinarios destinados a gastos militares que son muy superiores a las partidas realmente destinadas a construir parque público, reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos y resolver el problema estructural de la vivienda en el país.

A esto se añade la grave contradicción que supone tener a una Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, que es propietaria de un número significativo de inmuebles y plazas de garaje que arrienda para obtener beneficios económicos. Es evidente que un Gobierno no puede aplicar medidas efectivas y contundentes contra los rentistas y la especulación cuando quien dirige la política de vivienda es parte del problema.


La vivienda: Un derecho real o un bien de especulación

“La Constitución Española, de la que durante este fin de semana conmemoramos su aniversario, recoge en su artículo 47 el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Sin embargo, debemos denunciar que la mayoría de la clase trabajadora en Castilla y León no puede acceder a este derecho fundamental ni en alquiler ni en propiedad”, ha declarado David González, Secretario del Partido Comunista de España en Castilla y León.

“Mientras la vivienda siga siendo considerada un bien de especulación y no un derecho real recogido en la Constitución del 78, seguiremos viendo cómo la avaricia de unos pocos se paga con la calidad de vida y el futuro de la inmensa mayoría.” se indica desde el Partido Comunista.

Desde la organización se indica también que «No puede haber democracia digna mientras millones de personas queden fuera del acceso a la vivienda.”

David González, secretario del PCE en Castilla y León realiza las siguientes reivindicaciones: “Exigimos que la Junta y el Gobierno actúen ya, exigimos medidas inmediatas: ampliación masiva del parque de vivienda pública, regulación real del alquiler, la declaración de zonas tensionadas, la prohibición efectiva de los fondos buitre, y el fin de la especulación inmobiliaria».

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