EL PCE DE VALLADOLID INSTA A ACTIVAR LOS MECANISMOS LEGALES CONTRA LA INSCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN NOVIEMBRE NACIONAL
La organización provincial solicita que la Fiscalía y la Abogacía del Estado intervengan ante lo que consideran una vulneración del espíritu de la Ley de Partidos y de la Ley de Memoria Democrática
Valladolid, 14 de julio de 2026 — El Partido Comunista de España en Valladolid ha mostrado su firme rechazo ante la reciente inscripción en el registro de partidos políticos de la formación Noviembre Nacional, a la que define como la marca electoral del colectivo Núcleo Nacional. La organización provincial califica este registro como un grave retroceso democrático y demanda que las instituciones competentes utilicen las herramientas de la legislación vigente para frenar la presencia institucional de discursos basados en la exclusión y el odio.
Desde la formación comunista se señala la necesidad de que el Ministerio del Interior, una vez constatada la inscripción formal por la vía administrativa reglada, dé traslado inmediato a la Fiscalía del Estado y a la Abogacía del Estado para que evalúen la legalidad de esta organización. A juicio del partido, la trayectoria y los planteamientos ideológicos de este grupo son incompatibles con el marco constitucional y exigen una respuesta de los tribunales de justicia.
En relación con la Ley Orgánica de Partidos Políticos, el PCE en Valladolid recuerda que la norma contempla la ilegalización de aquellas siglas que promuevan la violencia o conculquen libertades fundamentales. Por ello, sostienen que la inacción de los órganos encargados de instar estos procesos ante el Tribunal Supremo supone vaciar de contenido la ley y desproteger el sistema democrático frente a colectivos que vulneran los derechos de sectores vulnerables de la población.
Asimismo, la organización argumenta que permitir la normalización institucional de una fuerza de extrema derecha contradice de manera directa el espíritu de la Ley de Memoria Democrática. Esta normativa busca proteger los valores de convivencia frente a la apología del totalitarismo, por lo que consideran que el blanqueamiento de marcas vinculadas al neofascismo desvirtúa el compromiso de reparación y erradicación del espacio público de estas doctrinas.
El PCE en Valladolid critica además la disparidad de criterios que se observa en la respuesta pública ante la actividad de diferentes colectivos sociales, sindicales o políticos en función de su ideología. Según su análisis, el aparato estatal actúa de manera desmedida mediante la vía penal contra colectivos dedicados a la defensa de derechos laborales, justicia social e internacionalismo, mientras que la extrema derecha avanza formalmente en su legalización gracias a la burocracia administrativa.
Como ejemplo de esta asimetría en la respuesta penal y administrativa, el partido señala diversos procesos judiciales recientes como el que afecta a las activistas de Gijón conocidas como Las 6 de la Suiza y a los jóvenes antifascistas de Los 6 de Zaragoza, cuyas condenas considera arbitrarias, contrarias a los derechos fundamentales y con afán ejemplarizante. Del mismo modo, aluden a las limitaciones en la libertad de expresión que a su juicio ilustra el caso de la persecución a creadores y a las personas encausadas por manifestarse en apoyo al pueblo palestino durante el transcurso de la Vuelta Ciclista a España del año 2025.
El secretario provincial del PCE en Valladolid, David González, ha manifestado que «resulta paradójico que el Estado de derecho muestre su versión más severa con el sindicalismo, la juventud organizada y las movilizaciones de solidaridad internacional mientras se aplican criterios meramente de trámite formal para dar cobertura institucional a colectivos de carácter neonazi». González ha reclamado una acción coordinada y firme del Gobierno para activar las vías judiciales correspondientes antes de que estas siglas obtengan representación pública.
Finalmente, la organización de Valladolid ha realizado un llamamiento a la movilización unitaria de sindicatos, colectivos vecinales y movimientos de carácter social. Sostiene que el compromiso antifascista constituye una necesidad colectiva para salvaguardar las libertades democráticas y anuncia que continuará visibilizando estas demandas tanto en el ámbito público como en las instancias institucionales correspondientes.
