EL PCE DE CASTILLA Y LEÓN DENUNCIA LA EMERGENCIA HABITACIONAL: EL ALQUILER SE DISPARA UN 9,5% Y LA VIVIENDA USADA UN 6,5% EN EL CIERRE DE 2025
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La organización califica de «insoportable» la escalada de precios que expulsa a la clase trabajadora de sus barrios y ciudades.
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Tildan de «insulto» el nuevo decreto del Gobierno: «Es una transferencia directa de rentas del trabajo al capital disfrazada de política social».
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El PCE señala la responsabilidad de una Ministra de Vivienda rentista y exige la expropiación de viviendas vacías en manos de la banca y fondos buitre.
Castilla y León, 14 de enero de 2026 – El Partido Comunista de España (PCE) en Castilla y León ha calificado de «emergencia social» los datos de cierre del mercado inmobiliario de 2025. Según las últimas cifras publicadas, el precio del alquiler en la comunidad autónoma ha sufrido un incremento del 9,5%, mientras que la vivienda usada se ha encarecido un 6,5%. Estos datos, que consolidan la tendencia alcista tras el incremento del 14,4% denunciado en el tercer trimestre, confirman el fracaso absoluto de las políticas actuales para garantizar el derecho constitucional a techo.
Desde el área de Vivienda del PCE CyL denuncian que estos incrementos son «una estafa orquestada» por el mercado especulativo con la connivencia de las instituciones. “Mientras la Junta de Castilla y León mira hacia otro lado, el precio del alquiler sube un 9,5%, asfixiando las economías familiares. No estamos ante un problema de oferta y demanda, sino ante un proceso de extracción de rentas donde los trabajadores destinan porcentajes de su salario cada vez mayores simplemente para que los propietarios aumenten sus beneficios”, señalan desde la formación.
El PCE ha arremetido con dureza contra el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el nuevo decreto-ley que otorga ventajas fiscales a los propietarios que no suban la renta. Para los comunistas, esta medida no solo no soluciona el problema, sino que lo agrava.
«Regalar desgravaciones fiscales a los rentistas con el dinero de los impuestos de la clase trabajadora es una inmoralidad. Es un modelo que premia al especulador y castiga al inquilino, transfiriendo riqueza del trabajo al capital mediante bonos y beneficios fiscales que terminan íntegramente en los bolsillos de los propietarios», afirma el PCE.
Asimismo, la organización ha recordado que es «éticamente incompatible» realizar una política de vivienda en favor de la mayoría social cuando la propia Ministra de Vivienda es rentista. «El Gobierno ha elegido bando: se ha puesto del lado de los fondos de inversión y de la burguesía rentista, abandonando a su suerte a las familias que necesitan un hogar».
Frente a la especulación desenfrenada, la organización exige un giro radical en las políticas públicas que comience por la imposición de topes reales y vinculantes a los precios del alquiler en todos los municipios y la expropiación forzosa de las viviendas vacías acumuladas por grandes tenedores, bancos y fondos de inversión. Asimismo, el PCE plantea la prohibición absoluta de los desahucios sin alternativa habitacional y un aumento masivo del parque público de vivienda mediante la construcción y la movilización de activos de la Sareb para garantizar que el techo sea un derecho y no una mercancía. Finalmente, la formación aboga por la eliminación definitiva de los bonos de alquiler, al considerar que estos mecanismos no han sido efectivos y solo sirven para transferir dinero público a las manos de los rentistas, y exige que se ponga fin a la lógica de mercado que impera en la gestión de un derecho fundamental.
El PCE de Castilla y León concluye haciendo un llamamiento a la organización popular: «Frente a los beneficios de los fondos buitre y los privilegios de los rentistas, solo queda la lucha por el control público del suelo y la vivienda. No permitiremos que vivir en Castilla y León sea un lujo».
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