Ante la ofensiva del capital: por los derechos de la clase trabajadora, el fin de la precariedad y la dignidad obrera en Castilla y León
Castilla y León lleva décadas sufriendo las consecuencias de un modelo económico que condena a su clase trabajadora a la precariedad, expulsa a su juventud y vacía nuestros pueblos. El próximo miércoles 11 de noviembre, la clase trabajadora de todo el país y de nuestras nueve provincias está llamada a secundar la huelga general contra la precariedad, la desarticulación territorial y el modelo de depredación capitalista. Nuestra comunidad autónoma padece de manera implacable las consecuencias de un modelo económico diseñado para maximizar los beneficios de una minoría a costa de exprimir, empobrecer y desproteger a la inmensa mayoría social.
La huelga general no es solamente una respuesta al deterioro de nuestras condiciones laborales. Es también una herramienta de lucha frente a un sistema económico que convierte nuestras necesidades en oportunidades de negocio, que condena a nuestros territorios al abandono y que pretende que aceptemos la precariedad como algo inevitable. Desde el Partido Comunista de España en Castilla y León defendemos que la riqueza que generamos quienes trabajamos debe estar al servicio de la mayoría social y no de los intereses privados de una minoría.
En la última década, Castilla y León se ha convertido en el triste escaparate de la desindustrialización planificada, el cierre de comarcas enteras y la precarización estructural. La clase trabajadora castellana y leonesa no ha dejado de dar lecciones de dignidad frente al desahucio industrial: desde la histórica lucha obrera contra el cierre de Vestas en Villadangos del Páramo, pasando por los recurrentes conflictos en la industria del automóvil y sus plantas de componentes en Burgos, Valladolid o Palencia, las movilizaciones del personal de telemarketing —como en Teleperformance en Ponferrada—, la precariedad extrema y los abusos en los grandes centros logísticos y el sector cárnico, hasta las huelgas en el transporte sanitario, el sector del metal y el servicio de emergencias del 1-1-2 contra la mercantilización de lo público.
La patronal y los gobiernos autonómicos han fomentado un modelo basado en la terciarización precaria, la despoblación y la sangría de nuestra juventud, dilapidando recursos públicos en subvenciones a empresas que acumulan beneficios millonarios mientras destruyen tejido productivo. No podemos seguir aceptando que las ayudas públicas se conviertan en un cheque en blanco para empresas privadas que reciben dinero de todas y todos, precarizan las condiciones laborales y después cierran centros de trabajo o trasladan su actividad.
Un exponente sangrante de esta desarticulación territorial es la comarca de El Bierzo. Tras el cierre abrupto de la minería del carbón y de las térmicas bajo la coartada de una «transición justa» que se ha demostrado papel mojado —con recursos insuficientes y proyectos que no han generado el empleo estable prometido—, El Bierzo sufre una agonía demográfica y económica insostenible. El PCE de Castilla y León exige un plan de reindustrialización pública, planificada y soberana para la comarca, con inversiones reales y vinculantes que diversifiquen su economía, potencien infraestructuras industriales de verdad y fijen población en el territorio frente al abandono sistemático de la Junta.
Asistimos a una perversión absoluta del mercado de trabajo. En Castilla y León ya no vale solo con tener un empleo; el trabajo ha dejado de ser un escudo contra la pobreza. La combinación de una carestía de la vida desbocada —con el precio de la vivienda, la energía y la cesta básica por las nubes— y unos convenios bloqueados o con subidas salariales insuficientes condena a miles de familias trabajadoras a la pobreza laboral.
Frente a esta realidad, defendemos una reducción general de la jornada laboral sin reducción salarial. La riqueza y los avances tecnológicos deben servir para que trabajemos menos y vivamos mejor, no para intensificar los ritmos de trabajo ni para aumentar los beneficios empresariales. Exigimos salarios suficientes para vivir dignamente, convenios colectivos que recuperen poder adquisitivo y el fin de las prácticas empresariales que utilizan la subcontratación y la externalización para fragmentar a la plantilla y reducir derechos.
La explotación laboral no afecta de la misma manera a mujeres y hombres. Las mujeres trabajadoras sufren con especial intensidad la precariedad, la temporalidad, los salarios más bajos, la parcialidad no deseada y la segregación ocupacional, concentrándose en sectores esenciales y profundamente precarizados como los cuidados, la limpieza, la dependencia, el comercio y la hostelería. Sobre las mujeres continúa recayendo de forma desproporcionada la responsabilidad de las tareas domésticas y de cuidados no remunerada. Desde el PCE exigimos combatir la brecha salarial, acabar con la parcialidad involuntaria y reclamamos una red pública suficiente de servicios de cuidados y atención a la dependencia.
Es inadmisible que el centro de trabajo en Castilla y León siga siendo un espacio de riesgo mortal debido a la negligencia empresarial. Nuestra comunidad suma centenares de muertes en la última década en sectores como el agrario, la construcción, la industria y el transporte. El PCE exige retomar y endurecer las normativas de prevención, dotar de plenas competencias y recursos a la Inspección de Trabajo y garantizar que las empresas asuman responsabilidades efectivas cuando incumplan sus obligaciones.
A la precariedad salarial se suma el fraude de las prolongaciones de jornada encubiertas y no remuneradas, así como el uso perverso de la tecnología para vulnerar el derecho a la desconexión mediante monitorización y control constante a través de aplicaciones corporativas y geolocalizadores. Exigimos acabar con las horas extraordinarias fraudulentas, reforzar los mecanismos de inspección y garantizar el derecho real a la desconexión digital.
Asistimos a una ofensiva ideológica constante por parte de la derecha y la extrema derecha cuyo objetivo prioritario es criminalizar a los sindicatos de clase, deslegitimar la huelga y desarmar jurídica y socialmente a la clase trabajadora. Desde el PCE respondemos con claridad: frente a sus ataques, más solidaridad de clase, más afiliación y más poder obrero en los centros de trabajo.
Ante esta radiografía de opresión, explotación y expolio de nuestra tierra, el Partido Comunista de España en Castilla y León hace un llamamiento rotundo a toda la clase obrera, a la juventud, a las mujeres trabajadoras, a las personas migrantes y al conjunto de los sectores populares de nuestras nueve provincias a secundar la huelga general del próximo 11 de noviembre.
Llamamos a parar las fábricas, las oficinas, los comercios, los centros educativos, los servicios públicos, los centros logísticos, los tajos y todos los centros de trabajo. Demostremos que sin nuestro trabajo no se mueve la economía y que somos quienes producimos la riqueza quienes tenemos derecho a decidir sobre ella.
¡Contra la precariedad, la desarticulación de nuestra tierra y el capitalismo, toda la clase trabajadora a las calles!
¡El 11 de noviembre, huelga general!
