CONTRA EL CAPITAL, SANIDAD PÚBLICA, GRATUITA Y DE CALIDAD

La situación límite de nuestra sanidad pública no es un accidente, sino el resultado directo de la ofensiva del capital y de las políticas reaccionarias de la Junta de Castilla y León. En los últimos años, el gobierno autonómico de PP-Vox ha acelerado el desmantelamiento premeditado de lo público para regalar el patrimonio de la clase trabajadora a las grandes empresas de la sanidad privada 

• El trasvase de millones de euros públicos hacia clínicas privadas se ha convertido en la norma estructural de su política. Grupos sanitarios privados como Recoletas, Hospitales Madrid (HM) o la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  han recibido transferencias millonarias en los últimos años a base de conciertos y derivaciones masivas de pacientes.
• Mientras tanto, se asfixia de forma deliberada el presupuesto de nuestros centros de salud, hospitales y consultorios. Nos dicen que faltan recursos pero despilfarran fondos en subvenciones a la patronal y chiringuitos institucionales. Todo en perfecta sintonía con un Estado que no deja de aumentar el gasto en la industria armamentística de la OTAN y sus guerras imperialistas.
• Su objetivo es claro: convertir un derecho universal en un nicho de lucro donde el capital privado pueda extraer plusvalía a costa de la enfermedad y el sufrimiento de la clase trabajadora.

El aumento desbocado de las listas de espera quirúrgicas, pruebas complementarias, de acceso a especialistas hospitalarios y en Atención Primaria no es un fallo técnico ni una «deficiencia de gestión», sino violencia estructural del sistema capitalista contra la clase trabajadora.

• Esperar meses o incluso años para un diagnóstico o una intervención quirúrgica se traduce directamente en un aumento de la morbimortalidad (muertes evitables y agravamiento irreversible de patologías). Cada día de espera impuesto por la gestión basada en criterios mercantiles y no de resultados en salud es una condena a muerte para la clase trabajadora.
• Este colapso deliberado busca empujar con desesperación a la clase obrera a la sanidad privada.
• A esto se suma la ofensiva de la patronal y las mutuas contra la incapacidad temporal (bajas). Con la complicidad de la administración, criminalizan a la clase obrera y pretenden obligarla a trabajar enferma, ocultando que son las propias condiciones laborales de explotación en un contexto de ganancias empresariales récord las que verdaderamente enferman a nuestra clase. En esta estrategia, se presiona y fiscaliza a las médicas de familia, sobresaturadas por la actividad asistencial, usándolas como un cortafuegos para restringir las bajas médicas al servicio de los intereses empresariales.

Las trabajadoras de la sanidad pública, un sector fuertemente feminizado y golpeado por la temporalidad, sufren una agresión permanente contra sus condiciones de trabajo y de vida.

• La sobrecarga laboral y la precariedad extrema son estructurales: contratos temporales, turnos de guardia maratonianos, reducción del tiempo por paciente, falta de cobertura de bajas y vacaciones…
• Este deterioro busca exprimir al máximo la fuerza de trabajo para maximizar el ahorro presupuestario de la Junta, precarizando la atención a los pacientes e intentando enfrentar al personal sanitario con la población.
• Frente al corporativismo y la división fomentada en los últimos tiempos, reivindicamos la unidad de clase en el sector sanitario. Solo desde la unión del conjunto de trabajadoras —desde médicas, enfermeras, técnicas, administrativas, celadoras, personal de mantenimiento y hasta el personal de limpieza o cafetería externalizados— podremos hacer frente a la ofensiva contra nuestras condiciones de trabajo y defender nuestros derechos.

Las comunistas partimos de una premisa respaldada por la propia historia de la salud pública: ya en 1978, la Declaración de Alma-Ata estableció que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un bienestar integral determinado por las condiciones sociales y económicas. La salud no se reduce al ámbito clínico, sino que depende de las condiciones materiales de existencia de la clase trabajadora.

La evidencia científica demuestra la relación directa entre vivienda y salud: la precariedad residencial, el coste abusivo de los alquileres, la pobreza energética y el hacinamiento deterioran gravemente la salud física y mental, incrementando la morbimortalidad y los años vividos en mala salud, golpeando con especial crudeza a la juventud trabajadora.

La crisis de la vivienda es, por definición, una crisis de salud pública. Por tanto, defender el derecho a la vivienda es defender la salud. La vivienda es el espacio imprescindible para vivir en dignidad, un derecho y una condición indispensable para una vida saludable. No podemos garantizar el derecho a la salud de la clase trabajadora sin garantizar el derecho a la vivienda.

Ante el 11N, desde el Partido Comunista de Castilla y León exigimos un programa de ruptura frontal:

1. Paralización inmediata y reversión de todas las privatizaciones. Fin de los conciertos sanitarios y de las derivaciones a la privada. Expropiación y socialización bajo control público de los recursos sanitarios privados para integrarlos en un Sistema Público Único y 100% gratuito.
2. Reorganización integral del sistema público de salud con planificación adaptada al territorio:
   1. Reordenación y blindaje de la Atención Primaria: dotación presupuestaria prioritaria, garantizando plantillas estables en cada zona básica de salud e incremento de medios para aumentar la capacidad resolutiva.
   2. Planificación hospitalaria: reestructuración de la asistencia especializada bajo criterios demográficos y epidemiológicos de clase, garantizando recursos suficientes y accesibilidad real en todas las comarcas.
3. Dignificación y estabilización laboral: subida general de los salarios, fin de la precariedad laboral, abolición de las guardias de 24 horas, incremento de plantillas incluyendo nuevas categorías de profesionales en el sistema público para cubrir las necesidades en salud de la clase trabajadora.
4. Garantía del derecho al aborto y la salud sexual: prestación real, pública y sin trabas ideológicas en todos los hospitales públicos de la región.
5. Control obrero: que sean las trabajadoras de la sanidad y la clase trabajadora quienes decidan sobre la gestión de los recursos sanitarios y sociales, arrebatándosela a los gestores al servicio de la patronal.
6. Subordinación de todas las políticas a la salud de la clase trabajadora: planificación estatal donde la política de vivienda, energía, laboral y medioambiental quede estrictamente supeditada al bienestar de la clase trabajadora.

Ante la ofensiva generalizada que sufrimos, las salidas individuales y el lamento en solitario solo sirven a los intereses de la burguesía. Necesitamos transformar el malestar en una respuesta colectiva basada en la organización y la autodefensa de clase, articulando una respuesta territorial autónoma en cada comarca, barrio y centro de trabajo de Castilla y León.

Pero ningún sector se salva solo: la defensa de la sanidad pública exige confluir con la defensa del conjunto de los servicios públicos y las conquistas de nuestra clase (educación, transporte, dependencia, pensiones), pues todas responden al mismo ataque del capital contra nuestras condiciones de vida. Esta confluencia de luchas es el paso indispensable para romper la atomización, plantar cara al régimen y destruir un sistema económico que solo nos ofrece miseria.

¡La sanidad no se vende, se defiende!

¡Sanidad pública para la clase trabajadora!

¡Todas y todos a la HUELGA GENERAL del 11N!