Ante la Huelga General del 11 de noviembre: Contra la precariedad, la desarticulación de nuestra tierra y el capitalismo, ¡toda la clase obrera a las calles!

La convocatoria de Huelga General para el próximo 11 de noviembre de 2026 no es solo una jornada de protesta; es una herramienta de lucha de la clase trabajadora de Castilla y León frente a un modelo económico y social que desmantela nuestros pueblos, condena a la precariedad a nuestras ciudades y mercadea con nuestras vidas. Desde el Partido Comunista de España (PCE) en Castilla y León llamamos a parar la producción en las fábricas, en el campo, en los transportes, en las aulas y en los servicios para llenar las plazas de nuestras nueve provincias.

La realidad en Castilla y León: sanidad, educación, vivienda y explotación laboral

El modelo capitalista hace que en nuestro territorio, como periferia desindustrializada del país, la vida de la clase trabajadora se cobre un precio demasiado alto:

Nos jugamos la vida por un mísero salario: Castilla y León se desangra con el cierre de plantas industriales y la falta de un tejido productivo propio. A esto se suma una sangría constante: trabajadoras y trabajadores heridos o fallecidos en sus puestos de trabajo en la industria, el campo y la construcción por la falta de medidas de prevención de riesgos estrictas. Paralelamente, nuestro territorio se confirmaba este año como el segundo más caro para hacer la compra y la tasa de pobreza se disparaba en octubre colocándose por encima de la media española: 475.000 personas en riesgo. El capital nos condena a elegir entre matarnos en el trabajo o morirnos de hambre.

La vivienda como negocio: La crisis de la vivienda ha alcanzado un punto insostenible para amplias capas de la clase trabajadora, especialmente para los sectores más precarizados, como la juventud y las trabajadoras migrantes. El acceso a una vivienda digna, una necesidad básica para la reproducción de la vida, se ha convertido en uno de los principales factores de empobrecimiento, endeudamiento y expulsión social. Cada vez más trabajadoras destinan una parte creciente de sus ingresos al alquiler, se ven obligadas a compartir vivienda en condiciones de hacinamiento, a alejarse de sus lugares de trabajo o a permanecer en el hogar familiar ante la imposibilidad de emanciparse.
Es necesario partir de que la crisis de la vivienda no es un fenómeno coyuntural ni una anomalía del sistema, sino una manifestación de las contradicciones estructurales del capitalismo. Sus formas cambian en función de las necesidades de acumulación y de las posibilidades de valorización del capital, pero se mantiene una misma contradicción: aquello que la sociedad necesita para vivir se organiza como una mercancía cuya producción, distribución y acceso están subordinados a la rentabilidad privada. Antes de la crisis de 2008, esta contradicción se expresó en el modelo de la llamada “sociedad de propietarios”, sustentado en el endeudamiento hipotecario, la expansión de la construcción y la expectativa de revalorización permanente de los inmuebles. La propiedad de la vivienda se presentó como una vía general de seguridad económica y ascenso social, ocultando tanto la dependencia de las familias respecto al crédito como la imposibilidad de extender universalmente ese modelo sin generar nuevas contradicciones.
La crisis de 2008 puso de manifiesto los límites de aquel modelo y transformó profundamente el mercado inmobiliario español. Tras el estallido de la burbuja, las ejecuciones hipotecarias, la destrucción de empleo y la pérdida de vivienda convivieron con la reestructuración del sector financiero y la concentración de activos inmobiliarios en manos de entidades financieras, sociedades patrimoniales y grandes inversores. En los años posteriores, la vivienda ha adquirido un papel creciente como activo financiero y fuente de rentas. Esto no significa que la construcción haya dejado de generar beneficios, sino que la acumulación de capital inmobiliario, la compraventa de carteras, la revalorización de los inmuebles y la extracción continuada de rentas han ganado peso como vías de negocio. El interés del capital inmobiliario no se limita a obtener beneficios mediante la construcción de nuevas viviendas: también consiste en controlar un parque de inmuebles cuya propiedad permite extraer rentas de forma continuada. El problema, por tanto, no puede reducirse a una supuesta falta de viviendas: hay que analizar quién las posee, para qué se destinan y bajo qué condiciones se permite acceder a ellas.
Esta lógica no se limita a los grandes fondos de inversión, las SOCIMI o las grandes empresas inmobiliarias, sino que también se reproduce a través de los llamados “pequeños propietarios” (incluso aquellos que forman objetivamente parte de la clase trabajadora, y que en su mayor parte han accedido a esta vivienda a través de la herencia) que poseen varias viviendas destinadas al alquiler. Aunque su capacidad económica y su poder sobre el mercado no son comparables a los de los grandes tenedores, su posición como propietarios arrendadores responde a la misma lógica fundamental: la vivienda se convierte en un patrimonio del que obtener ingresos periódicos mediante el pago de una renta. La generalización de esta forma de propiedad contribuye a presentar el rentismo como una vía legítima y normalizada de obtención de ingresos,  asentando el beneficio en la apropiación privada de un recurso imprescindible para la vida. No se trata de equiparar la responsabilidad de quien posee dos viviendas con la de un fondo que acumula miles de inmuebles, sino de comprender que ambas formas de propiedad operan dentro de unas mismas relaciones sociales, en las que el acceso a una necesidad básica queda condicionado por la capacidad de pago y la expectativa de rentabilidad de quien la posee. Por eso, la crítica no puede limitarse a los grandes especuladores ni confiar en que una propiedad más fragmentada garantice por sí misma un acceso justo a la vivienda, sino que debe cuestionar la subordinación general del uso de los inmuebles a la obtención de rentas privadas.
Según el Censo de Población y Viviendas de 2021 del INE (el último disponible) , Castilla y León contaba con 360.604 viviendas vacías, el 19,7 % de su parque residencial. La existencia de este parque residencial sin uso habitual contrasta con la limitada capacidad pública para ofrecer una alternativa habitacional. Según el Consejo Económico y Social de Castilla y León, en 2024 el parque público destinado al alquiler social estaba compuesto por 3.162 viviendas.. De ellas, 2.246 eran de titularidad autonómica, 899 correspondían a administraciones locales y 17 a la SAREB. El mismo informe contabilizaba únicamente 156 viviendas vacantes destinadas a realojos para toda la comunidad.
Desde esta perspectiva, no podemos analizar la propiedad de la vivienda como una cuestión separada de la propiedad de los medios de producción. La vivienda es una condición material indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo: la trabajadora necesita un lugar donde vivir y descansar para poder desarrollar su actividad laboral, del mismo modo que necesita comer. Sin embargo, bajo las relaciones capitalistas de producción, esa necesidad queda subordinada a la capacidad de pago y a la rentabilidad que puede extraerse del inmueble. La vivienda cumple así una doble función contradictoria: es una necesidad humana y, al mismo tiempo, una mercancía y un activo del que se espera obtener una ganancia. Mientras prevalezca esta segunda función, el acceso a la vivienda estará condicionado por los intereses de quienes la controlan y no por las necesidades sociales.
En los últimos años, las respuestas institucionales no han alterado esta lógica. Las ayudas al alquiler, las limitaciones temporales de determinadas subidas, las prórrogas extraordinarias de contratos y las moratorias de desahucios pueden proporcionar un alivio necesario a numerosos hogares. Sin embargo, su alcance depende de los requisitos legales, de la situación concreta de cada arrendamiento y de la capacidad para conocer, solicitar y hacerlo valer. Cuando la protección es temporal, su aplicación resulta compleja o su incumplimiento exige iniciar procedimientos judiciales a los que muchas trabajadoras no pueden acceder. A esto se le suma la negativa de comunidades autónomas como Castilla y León a aplicar ciertas leyes.
A esta desprotección se suma la actuación de empresas desokupación compuestas en su mayor parte por pseudo-escuadristas fascistas que expulsan de sus hogares a aquellas trabajadoras que el Estado no puede. Al mismo tiempo, hemos visto una criminalización de la okupación que desvía la atención de cuestiones centrales que marcan la crisis de la vivienda..

Por ello, el eje de esta campaña debe situar en el centro el carácter de clase del problema de la vivienda. No basta con reclamar más oferta ni con ampliar las ayudas públicas si estas terminan siendo absorbidas por las subidas del mercado y debemos señalar los límites de cualquier solución que mantenga intacta la subordinación de la vivienda a la propiedad privada y al beneficio.

La vivienda no puede seguir siendo un instrumento de acumulación a costa de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Mientras el acceso a un hogar dependa de la rentabilidad que pueda obtener su propietario, nunca tendremos asegurada la vivienda.

Sanidad pública colapsada y negocio privado: El deterioro intencionado de la atención primaria y especializada por la Junta de Castilla y León asfixia a la población. Sufrimos una falta crónica de personal para cubrir las vacantes sanitarias, largas listas de espera intolerables, y una alarmante falta de centros médicos en el medio rural y de hospitales comarcales que deja a comarcas enteras desatendidas. A esto se añade la práctica imposibilidad de abortar en la sanidad pública en nuestra comunidad debido a la obstrucción institucional y la falta de recursos propios. Todo ello sirve de coartada para desviar de manera constante recursos públicos hacia la sanidad privada y las mutuas a través del marco normativo privatizador.

Sufrimos un deterioro deliberado de la enseñanza pública (recursos humanos, materiales e infraestructuras) impulsado por las administraciones, mientras se promueve la educación concertada y privada. Esto genera una suerte de apartheid social que convierte a los centros privados en «academias de excelencia» y deja en la escuela pública la gestión de la vulnerabilidad sin recursos suficientes, una realidad que ha llevado al profesorado a movilizaciones como la huelga docente del pasado 4 de noviembre. Además, sufrimos una privatización de los cuidados y 0 a 3 años: La falta de una red de escuelas infantiles públicas y gratuitas de 0 a 3 años y la ausencia de servicios públicos de atención a la dependencia hacen que los cuidados recaigan directamente sobre las espaldas de las mujeres trabajadoras, profundizando la brecha de género y la precariedad laboral femenina.

Desmantelamiento del medio rural: Mientras el capital invierte en infraestructuras de alta velocidad para grandes centros urbanos que comuniquen con Madrid, Castilla y León sufre la pérdida paulatina del tren convencional, de las líneas de cercanías, de FEVE y de los autobuses interurbanos. Se aísla a nuestras comarcas, procurando eso sí, que el tráfico de viajeros sea exclusivamente el del turismo y los grandes negocios, mientras la vida de la clase trabajadora castellana y leonesa carece de transporte público. Por si fuera poco, Nuestros pueblos languidecen por la falta de servicios básicos (medios sanitarios eficientes médicos de guardia, farmacias, transporte, escuelas rurales), mientras la administración autonómica favorece al gran agronegocio y pretende sustituir la actividad productiva por un modelo extractivista de macrogranjas y plantas de biogás que destrozan el territorio sin generar empleo local.

Nuestras reivindicaciones para Castilla y León: Medidas inmediatas para aliviar a la clase trabajadora

Como PCE planteamos una tabla de medidas de urgencia que alivien de inmediato las condiciones de vida de la mayoría social, exigibles tanto a la Junta de Castilla y León como al Gobierno central:

• Reducción de la jornada laboral sin reducción salarial, subida de salarios ligada al coste real de la vida y una nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Derogación de la Ley 15/1997: Exigimos la derogación inmediata de la Ley 15/1997 de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud (puerta de entrada a las privatizaciones y externalizaciones) y de toda la normativa estatal y autonómica que permite la derivación de pacientes, pruebas e intervenciones a las empresas privadas.
• Cobertura de vacantes y centros: Contratación inmediata de personal para cubrir todas las vacantes sanitarias, construcción y apertura de centros médicos en el medio rural y dotación de hospitales comarcales suficientes.
• Eliminación de listas de espera: Refuerzo estructural de la sanidad pública para acabar con las listas de espera vergonzosas.
• Derecho al aborto garantizado: Plena efectividad del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de la red pública y en condiciones de cercanía.
• Apoyo a la movilización docente y educativa: Conectar la lucha del profesorado (como la huelga del 4N) con la Huelga General del 11N, caminando hacia una movilización sostenida de toda la comunidad educativa (estudiantes, familias y personal no docente).
• Erradicación de los conciertos: Fin a la concertada para acabar con la segregación de clase y derivación de todo el dinero público a la red pública.
• Educación laica e inclusiva: Red laica que combata los discursos racistas y de la ultraderecha, garantizando ratios reducidas y respeto integral a las condiciones laborales del profesorado.
• Red pública de escuelas infantiles (0 a 3 años) y de cuidados: Red autonómica 100% pública, gratuita y universal para liberar a las mujeres trabajadoras de la carga de los cuidados privatizados.
• Intervención radical y tope de precios: Regulación por ley del mercado del alquiler con bajada forzosa de las rentas abusivas en todas las zonas tensionadas de Castilla y León.
• Prohibición absoluta de desahucios: Ley de prohibición total de desalojos de familias vulnerables sin una alternativa habitacional pública, real y digna garantizada por las administraciones.
• Expropiación de vivienda vacía: Movilización inmediata de todo el parque inmobiliario vacío en manos de la banca, grandes tenedores y fondos buitre para incorporarlo a un gran parque público de alquiler social.
• Freno a la turistificación: Regulación estricta y limitación drástica de los pisos turísticos que destruyen la convivencia en los barrios y encarecen el acceso a la vivienda.
• Plan de Reindustrialización pública y soberana: Freno a las deslocalizaciones, control sobre las empresas que reciben ayudas públicas y reindustrialización orientada a sectores estratégicos y sostenibles en cada comarca.
• Plan de choque para el transporte y comunicaciones terrestres: Vertebración del territorio mediante la recuperación del tren regional, convencional y de cercanías, y una red autonómica de autobús público garantizado en el medio rural.
• Soberanía alimentaria y apoyo al campo trabajador: Freno al agronegocio especulativo y a los grandes fondos que acaparan la tierra en Castilla y León, garantizando precios justos en origen para pequeñas explotaciones y condiciones dignas para las y los jornaleros.
• Derogación definitiva de la Ley Mordaza y de todas las reformas laborales regresivas.

Las reformas no bastan: el origen del problema es el sistema capitalista

Desde el Partido Comunista de España no nos engañamos, pero tampoco engañamos a nadie. Estas reivindicaciones inmediatas son parches necesarios que permitirán a la clase obrera respirar y ganar fuerza, pero ni resuelven la raíz de la injusticia ni van a caer del cielo.

Tanto los gobiernos autonómicos de la derecha y la extrema derecha (PP y Vox) como la gestión reformista e insuficiente del gobierno central (PSOE y Sumar) administran un mismo marco. Por eso, el origen real del problema no es una mala gestión puntual o un fallo del sistema: el origen del problema es el propio sistema capitalista, un modelo basado en la acumulación de beneficios por parte de una minoría burguesa a costa del sudor, la salud y la explotación de la mayoría trabajadora.

No habrá servicios públicos garantizados, ni vivienda digna, ni medio rural con futuro mientras el beneficio privado siga estando por encima de las necesidades humanas.

Hacia el Socialismo: Organización, Unidad y Poder Popular

Por todo ello, la Huelga General del 11 de noviembre de 2026 debe ser el punto de inflexión para seguir empujando hacia un cambio de rumbo . La clase trabajadora no puede limitarse a elegir cada cuatro años a sus administradores dentro del sistema capitalista ni a resignarse ante los parches de las instituciones bajo la premisa de que ‘’menos es nada’’. Tenemos que desenmascarar y denunciar las limitaciones de las medidas que bajo el paraguas capitalista se aplican en nuestro país.

Por eso llamamos a tejer la unidad de acción en los centros de trabajo con los sindicatos de clase, las plataformas en defensa de la sanidad y educación públicas, el movimiento feminista, los colectivos estudiantiles, las organizaciones ecologistas y las plataformas vecinales.

Necesitamos construir poder popular en cada barrio, en cada fábrica, en cada pueblo y en cada centro de estudio. La verdadera solución pasa por romper con la lógica del beneficio privado e iniciar la transición hacia el Socialismo: un sistema político, económico y social donde los medios de producción, la tierra, la energía, la vivienda y la riqueza estén bajo el control y la gestión democrática de la clase trabajadora.

¡TODA LA CLASE OBRERA A LA HUELGA GENERAL!

• Para la producción en tu puesto de trabajo, en el campo, en los transportes y en las aulas.
• Acude a los piquetes informativos en polígonos industriales, empresas y nodos de comunicación.
• Llena las calles en las manifestaciones y concentraciones convocadas en todas las ciudades y comarcas de Castilla y León.

¡Por nuestras vidas, por nuestra tierra y contra la explotación capitalista: Huelga General el 11 de noviembre! ¡Por el socialismo, organización y lucha obrera!

Comisión Política del Partido Comunista de España en Castilla y León